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Noticias del País

Descartan “problemas de instalación” tras renuncia de intendentes

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El secretario de Estado aseguró que las autoridades renunciadas podrían seguir trabajando en el Gobierno. “Es muy probable que ellos puedan estar con ánimo de poder trabajar en algunos otros cargos”, dijo.

Tras darse a conocer la tarde de este martes la renuncia de los intendentes de Magallanes y Atacama, Christian Matheson y Berta López, la senadora DC Carolina Goic acusó “un deficiente proceso de instalación del Gobierno“, lo que rápidamente fue descartado por el ministro del Interior, Andrés Chadwick.

Según explicó el vicepresidente, la salida de estas autoridades se debe a un proceso de evaluación de los primeros 100 días de gobierno y al empoderamiento asociado a ambos en sus cargos.

“No obedece a problemas de instalación, el Gobierno ya está instalado. Obedece a situaciones a que después de cien días se ejerce una mezcla de evaluaciones, de que las personas estén o se sientan empoderadas en el cargo y tenemos dos regiones que vamos a tener cambios de intendentes”, aseguró Chadwick.

Ante la posibilidad de que Matheson y López continúen trabajando en el gobierno, aseveró que “es muy probable. Hay que verlo porque no hay ninguna razón de carácter personal ni crítico con respecto a ellos, ambos han sido dos grandes y muy generosos colaboradores y en el ánimo que yo he conversado con ellos, es muy probable que ellos puedan estar con ánimo de poder trabajar en algunos otros cargos”.

“Nosotros conversamos con ellos, veníamos conversando hace un tiempo, y ellos tuvieron una disposición muy generosa de renunciar a sus cargos. Ellos presentaron su renuncia para efectos para ver cómo seguíamos proyectando el Gobierno“, detalló, según consignó Emol.

Antes de concluir, Chadwick precisó que aún no se tienen los reemplazos de los intendentes renunciados, pero serán dados a conocer a la brevedad.

 

Dinamo.

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Noticias de Atacama

CDE apela a fallo indemnizatorio de “Los 33” alegando privilegios

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El Consejo de Defensa del Estado, CDE, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el fallo de la justicia civil que ordenó al Estado a pagar una millonaria indemnización total de casi $2.500 millones a 31 de “los 33” mineros, que quedaron atrapados en el año 2010.

El organismo fiscal argumenta que los afectados ya han recibido suficientes beneficios y reparaciones por lo sucedido en la Mina San José de Atacama, entre el 5 de agosto y el 13 de octubre de 2010.

Según informa el diario “La Tercera”, uno de los reclamos del organismo indica que la determinación no especifica quién debe pagar a las víctimas; si el mismo CDE o el Servicio Nacional de Geología y Minería.

Pero, particularmente, el Consejo manifestó que esta indemnización sería un despropósito considerando la “situación de privilegio” en la que se encuentran los afectados.

Esto, ya que actualmente “los mineros” ya reciben una pensión cercana a los $400 mil: monto superior a lo que gana el 50% de los trabajadores en el país.

Pero no sólo eso. “Los 33” han recibido numerosos aportes de privados, varios beneficios, viajes internacionales e incluso han podido asistir a reuniones y actividades exclusivas; todo a partir del conocido accidente.

En ese sentido, el Consejo de Defensa del Estado aseguró entender la angustia y el daño psicológico que causó el accidente, pero argumentó que esto fue superado gracias a la atención médica que recibieron los afectados por parte del Estado.

“No puede pasarse por alto que si bien la experiencia traumática vivida por los actores probablemente quedará en su memoria para siempre, también en esa misma memoria estarán todos los viajes por el mundo que realizaron y a los que fueron invitados por autoridades e instituciones de la más variada índole, al igual que la oportunidad que tuvieron de conocer a diversas personalidades del mundo del cine, la música, la política internacional y el deporte”, argumenta el CDE.

Otros de los beneficios que recibieron “los mineros” incluye los $34.919.705 aportados por chilenos anónimos a la cuenta del Banco Santander, los $165.000.000 donados por el empresario Leonardo Farkas, o las 33 motocicletas Kawasaki Ninja 250 regaladas por dicha empresa.

Así, indican que “ninguno de ellos quedó incapacitado para desarrollar actividades lucrativas”.

“El mensaje para las empresas es muy claro: inviertan en seguridad de sus trabajadores, pero sin exagerar. Al fin y al cabo el Estado (todos los chilenos) responderá de cualquier daño que irrogue a sus empleados”, concluye el CDE.

 

 

Fuente y texto: Radio Agricultura

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Noticias del País

Funcionario de la PDI frustra portonazo disparando contra los delincuentes

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Noticias del País

Papa Francisco acepta renuncias de obispos de Chillán y San Felipe

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